Por El Poder del Consumidor, 9 de mayo de 2017

Hoy en día más de 150,000 escuelas públicas y privadas en México deberían contar con un sistema de bebederos que garantice a los alumnos el acceso a agua limpia para beber.

Así se estableció hace 3 años al reformarse la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, la cual indica que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) “procurará que las instalaciones del Sistema Educativo Nacional cuenten con la infraestructura de bebederos de agua potable” prevista en la Ley, “en un plazo máximo de 3 años a partir de la publicación del Decreto”.

La Ley también indicaba que debían ser publicados los lineamientos correspondientes en plazos de 90 y 180 días posterior a su publicación en mayo del 2014, a cargo tanto del Inifed como de la Secretaría de Salud (SSa) en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), los cuales en la práctica fueron emitidos hasta finales del año 2015 (un año y medio después), retrasando con ello el proceso formal de instalación de los bebederos, de acuerdo con las autoridades responsables.

De acuerdo con el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) de 2013, el proceso inició con un 18.8% en las escuelas públicas del país que ya contaban con bebederos instalados, aunque no todas estaban en buen estado y funcionando, lo que representa alrededor de 27,000 escuelas de las más de 145,000 que existen. De acuerdo con el propio Inifed, se instalaron 1,175 bebederos en 2014 y otros 1,500 en 2015 como parte del Programa Escuelas Dignas.

En los presupuestos aprobados por el Congreso para los años 2015, 2016 y 2017 se asignaron un total de $3.6 mil millones de pesos para la instalación de los bebederos en las escuelas de educación básica a través del Programa a la Reforma Educativa (PRE), lo que significa que para 2015 ya existía una asignación específica para este fin, asociada a la recaudación del impuesto a las bebidas azucaradas implementado a partir de enero de 2014.

La falta de un mecanismo de transparencia sistematizado que permita dar seguimiento al uso de estos recursos obliga a recurrir a diversas fuentes de información.

Por un lado, con base en información de la Auditoría Superior de la Federación se sabe que en 2015 se instalaron bebederos en 5,964 escuelas del país.

Por otra parte, por solicitud de acceso a la información pública con folio 11140000000917, realizada por medio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se indica que los recursos para la ejecución del Programa Nacional de Sistema de Bebederos Escolares fueron administrados a través de un Fideicomiso que permitió ejercer dicho recurso hasta finales del 2016.

La misma fuente indica que la meta planteada para el ciclo escolar 2015-2016 fue instalar 11,304 sistemas de bebederos en el mismo número de escuelas, sin embargo pese a que este periodo ya concluyó no se dan a conocer cifras de instalación reales por lo que se desconoce si se logró la meta planteada.

De cualquier manera, aun si dicha meta se hubiera alcanzado, quedaría pendiente cubrir más de 100,000 planteles para lograr la meta planteada propuesta en la Ley General, la cual tenía la intención de cubrir no sólo las más de 145,000 escuelas públicas, sino también las 28,000 escuelas privadas del país. Al respecto, tampoco hay información de los avances logrados en estas escuelas.

“Es importante destacar que la solicitud de información que realizamos reitera la inexistencia de un mecanismo de seguimiento a los recursos recaudados por el impuesto a las bebidas azucaradas y su destino final, en este caso su uso en la instalación de los bebederos. Recordemos que, en las leyes de ingresos de 2014, 2015, 2016 y 2017, se incluyó un Sexto Transitorio que señala que los recursos recaudados se deberían destinar para programas de prevención y bebederos, sin embargo no es transparente si hay un destino específico de los mismos o no y la Secretaría de Hacienda nos responde que no hay manera de contar con dicha información.

Es urgente contar con un mecanismo claro, transparente y eficiente para administrar los recursos recaudados por el impuesto, pero también aquellos destinados a la instalación y mantenimiento de los bebederos. De no contar con esto no se podrá aumentar el gasto destinado para bebederos ni se podrá acelerar la instalación de los mismos. Terminaremos este sexenio con una meta más sin cumplirse y, por lo tanto, con escuelas que son ajenas a las necesidades de alimentación y salud de los escolares”, declaró Luis Manuel Encarnación, Coordinador de la Coalición ContraPESO.

Por su parte, Fiorella Espinosa, investigadora en Salud Alimentaria de El Poder del Consumidor —organización integrante de la Alianza por la Salud Alimentaria—, destacó: “En medio de una epidemia de obesidad y una alerta epidemiológica derivada de esta, las acciones para avanzar en la instalación de bebederos en las escuelas públicas deben fortalecerse y concretarse. El hecho de tener acceso a agua potable limpia y en forma gratuita en las escuelas puede ayudar a reducir el consumo de bebidas azucaradas entre la población escolar, las cuales representan el 70% de los azúcares añadidos que consumimos en un día. De igual modo ayudaría a reducir el consumo de agua embotellada y con ello sus daños ambientales.”

Descarga de archivos

Boletín de prensa > descargar (PDF, 290 Kb)