Por Laura Poy Solano, La Jornada, 21 de mayo de 2017

Organizaciones ambientalistas se manifestaron ayer en contra de la siembra de maíz transgénico en la quinta Marcha Mundial contra Monsanto, en la que demandaron un alto a la devastación del agro nacional y los recursos naturales del país. Además, expresaron su rechazo total al cultivo de semillas genéticamente modificadas en territorio nacional.

En un pronunciamiento señalaron que prevalece en el país un “proceso de despojo y mercantilización generalizado y acelerado de los bienes comunes, como agua, tierra, aire, semillas, plantas, especies y recursos genéticos”.

Agrupados en el Carnaval del Maíz, ambientalistas y estudiantes dijeron “ya basta” a los gobiernos federal, estatal y municipal, los cuales, aseguraron, “se han coludido con los intereses del gran capital y las trasnacionales para explotar sin medida los recursos naturales y genéticos de plantas que son la base de la alimentación de nuestros pueblos, como es el caso del maíz”.

Los activistas Javier Pichardo e Iván Jiménez destacaron que por quinto año consecutivo “nos movilizamos para sumarnos a diversos actos de protesta que se realizan en el mundo contra la trasnacional Monsanto, la cual ha promovido intensamente la siembra de maíz transgénico”.

Los manifestantes, quienes realizaron un performance en la glorieta del Ángel de la Independencia a ritmo de batucada, marcharon de ese punto a la glorieta a Colón, luego de efectuar un breve mitin frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, donde exigieron respeto a los derechos de los pueblos a defender su tierra, recursos naturales y biodiversidad.

Miembros de los colectivos Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, Vía Orgánica, Red México Mejor sin TLC y estudiantes también se declararon en contra de la firma de tratados de libre comercio, pues aseguraron que “sólo han beneficiado a las grandes trasnacionales”.

Recordaron que en abril pasado el denominado Tribunal Internacional Monsanto, reunido en La Haya, integrado por organizaciones civiles y cinco magistrados, emitió un fallo contra ese empresa, en el cual señala que “se ha involucrado en prácticas que han impactado de forma negativa el derecho a un medio ambiente sano”. Además, que violentó el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria.