Por Roberto Garduño y Angélica Enciso, La Jornada, 5 de mayo de 2017

El relator especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Léo Heller, se reunió en privado en la Cámara de Diputados con los presidentes de las comisiones de Agua, Recursos Hidráulicos y Relaciones Exteriores para revisar el cumplimiento por parte del gobierno mexicano de acuerdos internacionales en materia de garantías básicas y el derecho al uso de agua de los ciudadanos.

El funcionario del organismo cuestionó a los legisladores, pues el Congreso mexicano dejó pasar el mandato de 365 días –impuesto en la Constitución–, para elaborar una nueva norma en la materia. Los legisladores respondieron que la legislación nacional en materia del líquido “es compleja y su reglamentación implica la subrogación del servicio, como en el caso de Puebla”.

El miércoles el relator especial se reunió con comunidades mayas, las cuales denunciaron la contaminación del agua por el uso de plaguicidas en localidades de Campeche y Yucatán.

Gustavo Huchín, del Consejo Maya de los Chenes, y el abogado Jorge Fernández Mendiburu, de Indignación, presentaron estudios científicos realizados por el Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México sobre la presencia de plaguicidas en líquida del subsuelo, agua purificada, así como de la presencia de glifosato en orina de hombres y mujeres mayas.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental señaló que la contaminación del acuífero de Hopelchén con plaguicida no sólo viola el derecho humano al agua y a la sanidad de las comunidades mayas, sino que pone en riesgo la salud y la vida de todos los habitantes de la península de Yucatán.

En San Lázaro, Heller sostuvo que “el Estado mexicano tiene la obligación de proteger el derecho humano al agua con medidas para frenar la contaminación, sancionar a los responsables y reparar el daño ambiental”, indicó.

Al concluir el encuentro, el presidente de la Comisión de Agua, Ignacio Pichardo, adujo que el camino para resolver la complejidad referida es redactar una nueva legislación general y no una ley reglamentaria para modificar el artículo 115 de la Constitución, donde se mandata a los municipios del país el suministro y saneamiento del agua.

“Me encantaría reformar el modelo completo, yo creo que sería lo deseable, a veces lo deseable es enemigo de lo eficaz (sic). Yo creo que saliendo la plataforma (producto del consenso de todos los actores relacionados con el tema), podríamos tomar una determinación entonces, de cuál es el camino, no tanto para tener un vacío, porque a la hora que tienes un vacío, tienes un mandato constitucional que no viene soportado por la ley”.

Se prevé que esta semana el relator visite Chiapas y Veracruz.

Huchín habló sobre la contaminación originada por la aplicación del modelo de agricultura industrial, en particular por la siembra de soya transgénica en la región, en la que se utiliza glifosato y otros agrotóxicos. Además de la deforestación de la zona, que ha llevado a la pérdida de colonias de abejas.